A pesar de su corto pasaje por la conducción del gobierno guatemalteco, la huella de violencia y muerte que dejó Ríos Montt es vista como la más fuerte de todo el período de terrorismo de Estado instalado en ese país centroamericano durante décadas.

La sentencia del 10 de mayo que declaró al ex militar responsable por el genocidio de 1 771 indígenas mayas ixiles durante su gobierno de facto, ejecutado a manos del Ejército en el norteño departamento de Quiché, ha sido un momento histórico, dijo a Radio Mundo Real la subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Alejandra Castillo. Se trata de una de las organizaciones querellantes, junto a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR, compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto), en el juicio contra el ex-dictador.

Castillo explicó que la sentencia ha generado emociones encontradas, porque “además de que es algo que nos motiva a continuar en la búsqueda de justicia, también han sido emociones encontradas por todas aquellas personas que murieron durante el conflicto, que están desaparecidas”.

CALDH y AJR llevan años trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia, y trabajaron junto al Ministerio Público (que empezó a tomar un rol activo en estos temas a partir de 2008), en el aporte de las pruebas que fueron la base de la sentencia final.

A pesar del tiempo largo que llevan las organizaciones y familiares de víctimas reclamando verdad y justicia, el juicio a Ríos Montt se resolvió en un tiempo relativamente rápido. Castillo entiende que ha habido un cierto cambio con respecto a estas temáticas en Guatemala, debido, entre otras cosas, a que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco “por la falta de voluntad en investigar este tipo de delitos”. Este hecho, junto al cambio de fiscales en el Ministerio Público, ha posibilitado emprender el camino que ha desencadenado en la sentencia contra Ríos Montt, según contó Castillo.

Aún así, el proceso no careció de trabas. Desde la Corte de Constitucionalidad se solicitó dos veces la incorporación de testigos y peritos de la defensa de Rios Montt, con la intención de demorar el juicio o anularlo, explicó Castillo.

Para la subdirectora de CALDH, esta sentencia se da en el contexto de un gobierno de un militar retirado, Otto Pérez Molina, que participó del conflicto armado interno, y que ha desprestigiado el juicio y asumido una actitud que fomenta la polarización de la sociedad guatemalteca.

La resolución judicial contra Rios Montt es un mojón en la historia guatemalteca de lucha por memoria, verdad y justicia, y representa el comienzo de una nueva etapa. Tal es así, que la sentencia solicita que las investigaciones se amplíen a todas las personas que hayan estado involucradas en el genocidio del período 1982-1983. Esto representa un desafío importante según Castillo, porque se trata de una cantidad considerable de personas, entre las cuales se encuentra el propio presidente actual Pérez Molina, quien integraba el Ejército en esa época. Varias organizaciones sociales ya están solicitando que se investigue su involucramiento en el intento de exterminio de los maya ixiles.

Castillo concluyó que este ha sido un “paso de esperanza”, porque es además una oportunidad para resolver los problemas sociales que existen en la actualidad guatemalteca, principalmente aquellos que aquejan a los pueblos indígenas. “Seguiremos luchando por la verdad y la justicia de nuestros pueblos”, advirtió asimismo.

Foto: http://www.puebloclic.org