Según explicó a la agencia EFE el prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, los jueces escucharon las presentaciones de los expertos de ambas partes, en una etapa en la que el órgano de resolución de controversias del Banco Mundial debe decidir si tiene jurisdicción o no para actuar. Para Cánepa habría una decisión del CIADI sobre ese punto antes de mayo o junio.

Sin embargo, el ecologista Alberto Villarreal, de la organización REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, advirtió a Radio Mundo Real que es poco probable que el CIADI se emita sobre su jurisdicción en tan poco tiempo, en vistas de que la demanda internacional se presentó en 2010 y la primer audiencia cara a cara se hizo esta semana. Si bien REDES – AT apoya la defensa uruguaya y sus motivaciones, critica fuertemente el “secretismo” con que Cánepa ha manejado un tema de salud pública y por ende de interés nacional, agregó Villarreal, quien además alertó que alguna posición uruguaya en el caso da vida al “hermetismo” de un “tribunal sesgado como el CIADI”.

El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país. Entre las medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos, y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros.

Philip Morris argumentó que esas políticas lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según el punto de vista de la empresa, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación. Por eso la tabacalera presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones.

Según la información de Villarreal, en la audiencia en París Uruguay argumentó que Philip Morris no cumplió con lo que establece el Tratado de Protección de Inversiones firmado con Suiza para los casos en que haya diferencias entre las partes. Según el activista, el convenio estipula que el inversionista tiene que hacer su demanda ante tribunales nacionales primero, con un plazo de 18 meses, antes de elevarla ante el CIADI. Philip Morris no cumpió con ese requisito.

“Como dice el doctor Cánepa, nosotros pensamos también que Uruguay tiene una defensa sólida, y tiene la razón para defenderse contra la demada de Philip Morris, que atenta directamente contra medidas de salud pública tomadas en cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco”, dijo Villarreal.

“Defendemos totalmente la posición de Uruguay en su defensa, que es que el inversionista tiene que resolver su demanda en los tribunales nacionales”, explicó.

No obstante, el ecologista subrayó que son los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones los que tienen la cláusula que brinda a los inversionistas la posibilidad de demandar a Estados ante tribunales internacionales como el del CIADI, que es el más usado. “Esto es lo más nocivo porque tiene un efecto ’congelador’ de las políticas de los gobiernos, por ejemplo en la protección de la salud o del medio ambiente”, manifestó. “Ningún otro tipo de tratados tiene previsto ese tipo de derechos super-extraordinarios para los inversionistas”, agregó.

También hay diferencias

REDES – AT ha cuestionado duramente en diversas oportunidades los Tratados de Libre Comercio firmados por Uruguay con otros países, los capítulos de inversiones de esos tratados, los acuerdos de protección de inversiones también con otros Estados, y los tratados directos entre corporaciones transnacionales y Estados, por las posibilidades que brindan a las grandes empresas en detrimento de la soberanía nacional, entre otras cosas.

En la charla con Radio Mundo Real Villarreal manifestó su molestia por la nula información que Cánepa ha dado a la ciudadanía uruguaya. “Si bien estamos de acuerdo en el proceder de la defensa uruguaya y del Estado uruguayo en la audiencia oral, tenemos sí bastantes reparos frente a cómo se ha tratado el tema adentro de Uruguay”, dijo. “Una de las principales procupaciones es que, queriendo aportar desde la sociedad civil, porque básicamente estamos apoyando la postura del gobierno en este tema que es procurar que el CIADI desestime y no acepte jurisdicción para decidir sobre el caso (porque tienen que ser los tribunales nacionales los encargados), tuvimos que interponer formalmente un pedido de información a la Secretaría de la Presidencia y a Cánepa sobre los escritos que ha presentado la defensa uruguaya al tribunal del CIADI”.

REDES – AT reconoce que quiere aportar “una mirada un poco más amplia” que la del gobierno, para cuestionar cláusulas muy perjudiciales de los Tratados de Inversiones, de Libre Comercio o entre corporación-Estado, como la que permite a los inversionistas demandar al Estado ante tribunales internacionales. La organización uruguaya pretende que el tema pueda ser al menos discutido con el gobierno.

Villarreal dijo, no obstante, que el pedido de información buscaba apoyar la defensa de la causa de Uruguay con todos los argumentos claros. “Pero ha sido imposible acceder a esa información paradójicamente”, se lamentó, “lo que es muy preocupante”. Sin embargo, especialistas del extranjero que han solicitado los escritos de la defensa uruguaya los han obtenido. Alguno de ellos ha intercambiado la información con Villarreal por el trabajo conjunto que han realizado años anteriores a nivel internacional.

Además, hay otro tema que preocupa mucho a REDES- AT. En el segundo escrito Uruguay rechazó que Philip Morris invitara a otros expertos al caso, que testificarían a favor de la empresa. Según la información otorgada a REDES – AT por uno de los expertos internacionales, la defensa uruguaya argumentó que ya había un tribunal constituido, con tres árbitros ya elegidos y que sólo ellos tenían derecho a opinar y decidir sobre el caso. Rechazó así la solicitud de Philip Morris.

De acuerdo a los datos recogidos por la organización ecologista, fue tan categórico el rechazo de Uruguay que cierra las puertas a otros expertos y testigos que quisieran muy posiblemente participar en defensa de ese país. De hecho, REDES – AT valoró en su momento la posibilidad de presentar un recurso de “amigo de la Corte” (“Amicus Curiae”) para defender la posición uruguaya ante el CIADI. Por eso la organización necesitaba la información de la defensa legal de Uruguay. La propia postura uruguaya en ese segundo escrito legal parece cerrar la posibilidad a cualquier institución que quisiera, mediante expertos, apoyar al Estado sudamericano, en un contexto en el que el país ha tenido diversas muestras de apoyo desde el extranjero ante un caso que lo enfrenta a una transnacional por defender la salud de su población

“Cuestionamos la actitud de Uruguay” en ese sentido, dijo Villarreal. El activista explicó que diversas instituciones de la sociedad civil de numerosas partes del mundo, árbitros y abogados, entre otros actores, cuestionan el secretismo de los tribunales de arbitraje como el CIADI, “en los que se decide la suerte de políticas públicas importantísimas”. “Uruguay parecería estar defendiendo en esa postura (del segundo escrito legal) ese hermetismo y secretismo total, y eso para nosotros es motivo de muchísima preocupación”, sentenció Villarreal.

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