La actividad se desarrolló en Valle de Siria, en Honduras, y contó con la participación de delegados de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, que procuraron llegar a acuerdos respecto a cuál es la mejor estrategia de lucha para frenar el modelo minero extractivo “que actualmente hostiga nuestros territorios”, según se dice en la proclama que se leyó al cierre de la actividad.

En esa declaración se afirma que el modelo extractivo minero se caracteriza “por ser un proceso agresor, depredador y manipulador” que posiciona los intereses económicos “por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural”.

“Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el maquillaje verde, la responsabilidad social empresarial y se autodefine como minería verde, sustentable y responsable, que promueve en nuestros países el falso mito del desarrollo y la economía verde, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios”.

La mayoría de estas empresas que se han instalado en Mesoamérica son canadienses. En el M4 concluyeron que estas compañías sólo han provocado empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades y destrucción del ambiente. También criticaron al gobierno canadiense por generar una “política de cabildeo” a favor de esas empresas.

También hubo tiempo para abordar procesos concretos. Se tocaron temas como las reformas legales y la lucha del pueblo de Panamá; los proyectos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco en México; la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en Costa Rica; el polémico proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso de Honduras; las 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala y la represión contra el Comité Ambiental de Cabañas.