Pero más allá de esos números, el antecedente quedó claro: el presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, está dispuesto a aplicar la mano dura y a criminalizar a los sectores populares.

Y también a colaborar con el manto de impunidad. Entrevistado por Radio Mundo Real, el dirigente Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), denunció que pese a la decisión de levantar el Estado de Sitio, no hay por parte del Estado una evaluación de los impactos sociales de esa medida y cuáles fueron sus secuelas.

Por ejemplo, no hay ninguna investigación judicial para determinar la responsabilidad por el asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel, a pesar de que existen evidencias, según las organizaciones guatemaltecas, de la responsabilidad de la empresa Hidro Santa Cruz, impulsora del proyecto hidroeléctrico que desató este conflicto.

Según Pascual, la administración de Pérez Molina resolvió dar marcha atrás con el Estado de Sitio debido a la presión política y a las protestas de indígenas, campesinos y sindicalistas, y también frente al recurso de inconstitucionalidad que provocó la medida.

“Igualmente el gobierno argumenta que se restableció el orden y la seguridad y que por eso levanta el Estado de Sitio”, detalló Pascual, quien considera que, además, no parecen ser tenidas en cuenta otras consecuencias, por ejemplo las secuelas de los allanamientos nocturnos en niños y jóvenes de la zona.

Por otra parte, según comentó, la presencia militar en puntos estratégicos de la frontera con México se mantiene y vinculó esa decisión con la discusión que se está dando en torno a la construcción de una mega carretera desde la costa Atlántica hasta territorio mexicano.

“Se levantó el Estado de Sitio pero la presencia militar continúa. Es evidente que no van a retirar los militares del municipio porque hay otros intereses”, vaticinó.