La misiva está firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, e Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

En ella se expresa que Uruguay tiene "la posibilidad histórica de juzgar a sus verdugos, de poner fin a la impunidad", que está garantizada por la ley 15.848, que establece la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

"Uruguay es nuestro país hermano, con el que compartimos el dolor de los miles de detenidos-desaparecidos, los cientos de centros clandestinos, la búsqueda de hijos en cautiverio, el perverso ocultamiento del destino de los restos de los desaparecidos, la implantación de un modelo económico, político, cultural y social de exclusión y hambre a fuerza de un plan sistemático de exterminio", señala la carta, en la que se agrega que tras una larga lucha, el pueblo argentino logró en 2003 la declaración de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían juzgar a los genocidas y luego, en 2005, la declaración de la inconstitucionalidad de las mismas.

"Esto abrió la puerta a la posibilidad de ponerle fin a la impunidad: actualmente, más de 100 represores de la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados en todo el país. Y esto significa un momento histórico y un triunfo del pueblo", añaden las organizaciones en su misiva.

La carta finaliza con un llamado al pueblo uruguayo para que exprese su rechazo a la ley, señalando que "la experiencia de los juicios es sanadora", tanto para los familiares de los detenidos-despararecidos como para la soeciedad en su conjunto.

"No podemos pensar un presente ni un futuro sin condenar los crímenes que nos hirieron a todos", indica.

Foto: Andrés Hernández (www.redes.org.uy)