A raíz de este caso paradigmático, se reinstaló en el debate público la necesidad de derogar la Ley de Amnistía que está vigente desde 1992, y que dejó impunes a muchos crímenes ocurridos durante la última guerra civil que sufrió El Salvador durante la década de los 80, y que dejó el saldo de unas 75 mil personas muertas y desaparecidas.

“Todavía hay muchas personas que reclaman saber qué pasó con sus familiares, con sus niños. A muchas personas adultas vivas se las llevaron y vivas se los quedaron”, afirma, por ejemplo, el procurador adjunto del departamento de Cabañas, en una entrevista realizada por la salvadoreña Radio Victoria para el servicio informativo de ALER.

Allí se afirma que la derogación de la Ley de Amnistía “podría ayudar a que poco a poco el país salga de la impunidad”, ya que todavía se siguen presentando casos de desapariciones de personas y crímenes de lesa humanidad que por lo general “no son debidamente judicializados”.

En las últimas semanas la prensa española le ha dado una amplia cobertura al caso de los militares requeridos, quienes desde que se conoció el pedido de Interpol, a comienzos de agosto, permanecían en instalaciones militares. La solicitud de la justicia española incluía una acusación contra el ex ministro de Defensa, René Ponce, que murió en mayo de este año.

La Audiencia Nacional de España investiga desde hace dos años el episodio ocurrido el 16 de noviembre de 1989, cuando un ataque militar al campus de la Universidad Centroamericana terminó con la muerte de seis jesuitas y dos mujeres que se encontraban en el lugar.

Además de poner en cuestión la Ley de Amnistía, la resolución de la Suprema Corte de Justicia salvadoreña obliga a explorar nuevas alternativas.

“La causa seguirá su curso en España, con o sin los militares sentados en el banquillo, se los tendrán que procesar en ausencia", explicó esta semana a la agencia IPS Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.