“Nos sentimos muy contentos de haber llegado al final sin claudicar, rompiendo una serie de obstáculos, persecuciones, calumnias que trataron de boicotear el caso”, dijo a Radio Mundo Real el indígena José Gualinga, presidente del pueblo sarayaku. “Vamos a estar vigilantes para que se de cumplimiento a la sentencia. Estamos organizando algunas estrategias y planes para que su implementación sea efectiva”, agregó.

El pueblo sarayaku vive al norte de la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. En 1996 el Estado otorgó una concesión petrolera en el Bloque 23, que afecta un 60 por ciento del territorio del pueblo originario, a la Compañía General de Combustibles de Argentina. Durante el último trimestre de 2002 y el primero de 2003 (con los gobiernos ecuatorianos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez) la empresa ingresó reiteradamente al territorio indígena sin autorización y contra la voluntad del pueblo. La compañía colocó 1433 kilos de explosivos a 12 metros de profundidad en territorios sarayaku y achuar, lo que afectó la movilidad de los indígenas y amenazó gravemente sus vidas.

A inicios de 2003 el pueblo sarayaku inició una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó su intervención urgente. Luego la Comisión pidió la injerencia de la CIDH.

El fallo de la Corte, conocido el 25 de julio, determinó que el Estado ecuatoriano debió consultar al pueblo sarayaku sobre el proyecto petrolero en territorio indígena, de forma previa, libre e informada. Consideró también que hubo una violación de los derechos del pueblo originario a la propiedad comunal indígena e identidad cultural.

Además, la Corte estableció que se puso en riesgo la vida e integridad de los indígenas con los explosivos de alto poder en su territorio y ordenó al Estado ecuatoriano retirar esos explosivos. También dispuso que el Estado tiene que consultar al pueblo sarayaku adecuadamente en caso de tener algún proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras.

Según Gualinga, el Estado de Ecuador tiene de 6 meses a tres años ahora para el retiro de los explosivos. “Es un precedente para que las transnacionales que vienen e enterrar explosivos en los territorios tengan muy en cuenta que cuando un pueblo es afectado (...) ponemos en el banquillo de los acusados (a los responsables) para que no vuelva a repetirse”, dijo.

Para el indígena kichwa la indemnización económica, que nunca fue el centro del reclamo del pueblo sarayaku según sus palabras, “es un justo derecho” y servirá para proyectos del pueblo en pro de la vida en armonía y el desarrollo social, entre otras cosas.

El asesor jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció que el Estado ecuatoriano acatará la sentencia de la CIDH. Sin embargo, el pueblo sarayaku no ha recibido ninguna notificación oficial. “Estamos a la espera de la respuesta del gobierno”, manifestó Gualinga.

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