Los opositores al proyecto hidroeléctrico financiado por organismos internacionales sufrieron persecuciones, secuestros y fueron asesinados, mientras que los sobrevivientes de esa masacre, en su mayoría indígenas mayas, siguen sin cobrar los resarcimientos que les corresponderían.

Las comunidades afectadas por las inundaciones del río Chixoy se quedaron sin sus tierras y viven hoy en la extrema pobreza.

A partir de 1980 comenzó un proceso de desplazamiento forzado que perjudicó para siempre a unas seis mil familias, de acuerdo a la información que manejan las organizaciones International Rivers y el Centro Legal para la Defensa Ambiental, que han asesorado a la población local.

Estos grupos reclaman que las reparaciones corran por cuenta del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaron las obras promovidas por los militares.

Un estudio independiente encargado por las organizaciones, que fue presentado en 2005 concluye que el desarrollo de la represa se hizo “a costa de la pérdida de vidas, tierras, y economías locales, violó las leyes nacionales e internacionales, y causó miseria extrema en las comunidades que antes tenían un modo de vida sostenible”.

En paralelo a estos pedidos, las organizaciones ambientalistas recogen adhesiones a través de una carta, con el propósito de persuadir a las autoridades de Guatemala, sobre todo al actual presidente Álvaro Colom.

En octubre de 2005, las comunidades afectadas por Chixoy fueron las anfitrionas de la III Reunión de la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, y allí presentaron su situación ante decenas de activistas extranjeros. Los miles de guatemaltecos que sufrieron los daños de estas obras han planteado sus denuncias en diferentes ámbitos, pero la justicia sigue sin llegar.

Foto: Monti Aguirre, International Rivers